Iniciativa Paragua: los CAPS toman el poder en Nicaragua

Cuando Lucía Balladares era niña, hasta casa de su abuela, donde vivía, llegaba un señor en una carreta que vendía barriles de agua para beber. “Quien no podía pagar por este servicio se iba directamente al río a suministrarse; las mujeres traían el agua en tinajas, en la cabeza”, recuerda. Hoy Lucía tiene 50 años y el agua llega directamente por tuberías a 250 hogares de su pueblo de Salinas Grandes, en Isla Juan Venado, provincia de León, al norte de Managua. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo para pasar de la carreta al grifo? Pues, básicamente, la puesta en marcha en el territorio de un Comité de Agua Potable y Saneamiento (CAPS). Apoyado, fortalecido, asesorado, defendido por la Iniciativa Paragua, que es el proyecto común de cinco ONG de desarrollo españolas (Ecología y Desarrollo, Amigos de la Tierra España, Ingeniería Sin Fronteras Valencia, ONGAWA y Solidaridad Internacional) para llevar a cabo estrategias conjuntas y coordinadas que garanticen el derecho humano al agua en el país centroamericano.

Vayamos por partes. Los más de 5.000 CAPS existentes actualmente en territorio nicaragüense abastecen de suministro apto para el consumo humano a unos dos millones de personas, o, lo que es lo mismo, a un tercio de la población del país. Su nacimiento se remonta a la década de los sesenta, cuando gestionaban infraestructuras básicas de agua potable, un pozo público excavado a mano, en la mayoría de los casos. Poco a poco se fueron organizando, y mejorando las instalaciones, con tuberías, bombas, procesos para clorar y potabilizar, hasta que en los años noventa ya eran reconocidos, de facto, como las entidades encargadas del mantenimiento y administración del sistema comunitario. Legalmente, sin embargo, no tendrían amparo hasta la Ley 722 , Ley Especial de Comités de Agua Potable y Saneamiento, promulgada en 2010.

Y fue precisamente este nuevo contexto jurídico el que motivó la puesta en marcha de la Iniciativa Paragua, que es la segunda pata de la ecuación que ha ayudado a que Lucía y sus vecinos disfruten de un suministro constante y de aceptable calidad. Los CAPS tenían por fin su Ley, pero habían de legalizarse de acuerdo a ella; sus miembros, campesinos y gente humilde, poco ducha en burocracia, no sabían ni cómo empezar en muchos de los casos. “Primero las alcadías han de reconocer a los CAPS, y de allí el expediente pasa al Instituto Nacional Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados (INAA) , que finaliza el proceso”, describe Álvaro Rodríguez, coordinador de Paragua. Las cinco ONG citadas al principio vieron que iban a necesitar ayuda. Eran organizaciones que ya estaban trabajando sobre el terreno, en distintos departamentos de Nicaragua, una problemática muy compleja, y de manera dispersa, sin coordinación ni intercambio de información o experiencias.

Los más de 5.000 CAPS existentes actualmente en Nicaragua abastecen de suministro apto para el consumo humano a unos dos millones de personas, un tercio de la población del país.

¿Por qué no aunar esfuerzos y dotar de un apoyo conjunto a este importantísimo proceso de las comunidades? Dicho y hecho. Su proyecto se llamó en principio Fortalecimiento de los procesos de gestión comunitaria de agua en Nicaragua, para pasar a denominarse Iniciativa Paragua, oficialmente constituida en noviembre de 2011bajo la coordinación-liderazgo de ECODES. A las ONG españolas se sumaron cuatro socios locales: Asociación La Cuculmeca, Fundación LIDER, CIEETS, Fundación Nueva Generación. Y tres aliados estratégicos: primero Fundación AVINA y la cooperación española (OTC Nicaragua) y posteriormente, en el programa de formación, la cooperación alemana (PROATAS/GIZ). Todos juntos han ayudado a 248 de los CAPS a realizar sus trámites de legalización a nivel municipal y nacional. “La legalización les dota de personalidad jurídica y les ofrece ventajas como el acceso a préstamos en los bancos o la negociación de una tarifa eléctrica preferencial”, expone Rodríguez.

“Por allí van las mujeres, algo ocurre con el agua”, comentan los vecinos cuando ven pasar a Lucía y a sus cuatro compañeras, que se hicieron cargo del CAPS de Salinas Grandes al ver que no funcionaba. “Nos entregaron un sistema bien quebrado, con la bomba quemada”, enumera. Llevan al frente tres años, y hace uno lograron legalizarse. Aquella niña que veía llegar los barriles en carreta a casa de su abuelita es hoy una líder comunitaria reivindicativa, formada y empoderada gracias a la Iniciativa Paragua, que entre otras cosas le facilitó acudir a un curso de capacitación. Paragua, esto conviene aclararlo cuanto antes, no tiene como objetivo trabajar a pie de comunidad. No instala tuberías, no monta sistemas de bombeo. Su misión consiste en preparar y facilitar las herramientas necesarias a los miembros que sí lo hacen, de manera voluntaria y altruista.

“Nos une una visión compartida sobre la gestión del agua, así que coordinamos todas las acciones en un proyecto único, con una pequeña financiación, con lo que no duplicamos esfuerzos y favorecemos sinergias”, argumenta Rodríguez. La experiencia en una comunidad sirve al resto; las soluciones que cada cual va encontrando se comparten entre todos. Hay otro aspecto clave y es promover la coordinación, el intercambio entre los propios CAPS. Porque no solo las ONG, también los comités de agua hacían cada uno la guerra por su lado antes de Paragua, que ha ayudado a “que se conozcan y aprendan unos de otros”. Que se organicen en redes locales, y por departamentos, que luchen juntos ante cualquier amenaza de privatización, o de contaminación de sus fuentes, o que ejerzan de lobby ante la administración para conseguir mejoras en sus infraestructuras y en la calidad de su suministro. La constitución de la Red CAPS, de ámbito nacional, es un buen ejemplo en este sentido.

El río del que Salinas Grandes sacaba el agua quedó contaminado tras el paso del huracán Mitch, así que los vecinos perforaron un pozo. Los hombres empezaron a gestionarlo, pero aquello “era un desastre”, en palabras de Lucía Balladares, la primera mujer que heredó la presidencia de manos de una junta directiva formada por varones. Ahora se enorgullece de su estructura “sólida” y de mejoras como la instalación de grifos en la calle que acercan el abastecimiento a aquellos hogares que aún no disponen de él. Aún así, el sistema a veces se rompe, y entonces las cinco mujeres salen a la calle a reparar la avería, o a hablar con el técnico. “En una ocasión se nos hizo de noche y el marido de una compañera no la dejó entrar a dormir a casa”, recuerda. El resto se quedó con ella, en solidaridad. Su labor las ha llevado a reivindicar su papel y a cuestionar los principios de una sociedad patriarcal. Paragua también las apoya en terreno de género. “Sus proyectos nos ayudan a empoderarnos, a ser sostenibles, a cuidar de lo nuestro, y de nosotros mismos”, concluye.

¿CÓMO FUNCIONA UN CAPS?

Los CAPS suelen arrancar cuando la comunidad se organiza para solicitar un proyecto de agua potable y saneamiento. Esta demanda generalmente se realiza a las autoridades municipales durante las consultas del presupuesto, o a los cabildos, pero también puede realizarse a otras instancias como el gobierno central u ONG con presencia en el territorio. Cuando se inicia la construcción del proyecto (en Nicaragua, los sistemas de agua potable más comunes en las áreas rurales son los mini-acueductos por gravedad), cada familia aporta mano de obra y, en ocasiones, dinero. Una vez en marcha, se constituye una junta directiva para gestionarlo, con sus líderes al frente. Se reparten las tareas: revisión de válvulas, limpieza y desinfección de tanques, limpieza y acondicionamiento del perímetro de la fuente suministradora,  desinfección mediante el uso de cloro, ya sea de forma manual o a través de dispositivos dosificadores, o cloradores (que utilizan hipoclorito de sodio líquido o en pastillas), recaudación. En general los CAPS establecen tarifas para el servicio de agua potable que son asequibles para las familias que atienden; sin embargo, en algunos casos, principalmente en mini-acueductos por bombeo eléctrico, las tarifas suben considerablemente.

ADMINISTRACIONES IMPLICADAS

INAA

Autoridad de aplicación de la Ley 722. Emite normativas y procedimientos que regulan a los CAPS. Promueve capacitación y asistencia técnica. Establece mecanismos de coordinación con otras instituciones.

UMAS (Unidad Municipal de Agua y Saneamiento)

Brinda asistencia técnica y acompañamiento a los CAPS en aspectos legales, organizativos, administrativos y técnicos. Apoya el cumplimiento de las normativas y requisitos de la Ley 722.

ENACAL (Empresa Nicaraguense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios)

Colabora en la asistencia sobre aspectos de operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable a demanda.

MINSA (Ministerio de Salud)

Realiza monitoreo de calidad de agua, en algunos casos proporciona cloro y realiza capacitaciones sobre promoción de higiene y saneamiento. La Red de Brigadistas de Salud tiene relación y se coordina con los CAPS en las comunidades.

FISE (Fondo de Inversión Social para Emergencias)

Brinda capacitación a las UMAS para atención a los CAPS. Organiza y capacita a los CAPS durante la ejecución de los proyectos de agua y saneamiento rural, a través de la contratación de firmas sociales.

A LA SOMBRA DE PARAGUA

La Iniciativa Paragua trabaja con 2.155 líderes y miembros de las juntas directivas de 362 CAPS, que brindan el servicio de agua potable y saneamiento a unas 108.000 personas. Pertenecen 17 municipios de cuatro departamentos: Chinandega, León, Jinotega y Managua. Ofrece charlas, cursos y formación que han capacitado a 1.470 líderes de 344 CAPS, así como a técnicos de los 17 municipios integrados. 125 comunidades han mejorado la calidad de su agua.


Cosa de mujeres. El trabajo de tranportar agua recae siempre en las mujeres. Foto: Daniel Torres, Iniciativa Paragua.

LA SEGUNDA PARTE DEL PROYECTO

Desde principios de mayo ha entrado en marcha un nuevo proyecto que garantiza la continuidad de la Iniciativa Paragua. Según avanza su coordinador, está ligado al fortalecimiento técnico dentro de las comunidades. La idea es capacitar “a técnicos en agua y saneamiento”, garantizando así un empleo a los vecinos, especialmente a población vulnerable, como jóvenes o mujeres. “En una segunda fase, habría un fondo para poder enviar a los estudiantes de estos módulos de capacitación a pasantías en distintas organizaciones, para que pongan en práctica sus conocimientos y reciban una remuneración”, comenta. Enfoque distinto para una filosofía Paragua que permanece inalterable: coordinación, visión de conjunto. “Se avanza con trabajo en equipo, no con afán de protagonismo”, sentencia Álvaro Rodríguez.

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