El nuevo documento aprobado por el Gobierno propone que se establezca una nueva definición del concepto de persona con discapacidad y que elimine de las normas términos como “incapaz” o “minusválido” para sustituirlos por “persona con discapacidad”.
El Consejo de Ministros dio a finales de marzo luz verde al informe que adapta la legislación española a la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, que prevé ajustes normativos en ámbitos como el laboral o el sanitario. Según María Teresa Fernández de la Vega, vicepresidenta primera del Ejecutivo español, las medidas incluidas en el informe servirán, por ejemplo, para que una persona con discapacidad pueda tomar por sí misma decisiones en procesos sanitarios como trasplantes o ensayos clínicos.
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