EL EXPERTO: Gonzalo Marín. Consultor internacional de la Food and Agriculture Organization y de la Unión Europea.

Especializado en infraestructuras hidráulicas y planificación hidrológica, la suya es una larga carrera ligada al agua. Es vocal del Comité Nacional Español del Programa Hidrológico Internacional de UNESCO y consultor de la UE en proyectos de infraestructuras hidráulicas, evaluación de recursos hídricos y gestión de riesgos hidrológicos.

En 2002 el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas reconoció formalmente en la Observación General 15 que el acceso al agua y al saneamiento es un derecho humano. En este documento se lo contextualiza en el marco de los derechos económicos, sociales y culturales, se delimitan los usos del agua que tiene la consideración de derecho humano –el acceso, en igualdad de condiciones y sin discriminación, a una  cantidad suficiente de agua potable para usos personales  y doméstico, incluyendo el consumo, la colada, la preparación de alimentos y la higiene personal y doméstica, para mantener la vida y la salud–, y se concretan las obligaciones de los estados para implementarlo, garantizarlo y hacerlo viable.

Sin duda la publicación de la Observación General 15 fue un acontecimiento relevante que estuvo precedido por un proceso de reflexión y debate intenso en el que,  de una forma u otra y con mayor o menor intensidad,  participaron todos los agentes interesados en el sector del abastecimiento y saneamiento y también de la  cooperación internacional. Durante el mismo se produjo  un cambio sustancial y nada sutil desde la consideración del agua y saneamiento como una necesidad básica,  defendida por una gran parte de las instituciones de  financiación internacional y los operadores privados de estos servicios, hasta la aceptación de que su  satisfacción es un derecho humano básico y que el agua debe considerarse como un bien social y cultural y no esencialmente un bien económico.

El debate que aconteció en el proceso abarcó numerosos temas, acorde con la característica multifuncional del agua, que está asociada a sus numerosos usos; los temas más relevantes que enmarcaron el debate se centraron en el aspecto puramente conceptual, incardinado en lo que se entiende como derechos económicos, sociales y culturales, pero también, y no menos de forma poco relevante, incidieron consideraciones técnicas, económicas y financieras, sociales, legales y políticas, como fueron la gestión de los recursos hídricos, la sostenibilidad de los servicios, la privatización de los mismos, la recuperación de costes, la cooperación internacional, la gestión comunitaria, la participación de los agentes interesados y el acceso a la información, entre otros.

Como quiera que aún hoy el reconocimiento del derecho al agua y al saneamiento no se ha generalizado,  a pesar de que se han dado importantes avances, el debate no ha concluido. Sigue produciéndose en gran parte en el contexto de los mismos temas, a los que se le ha incorporado una novedad: cuál es la conveniencia de implementar este derecho como concepto sin esperar a su pleno reconocimiento, toda vez que aporta una potente herramienta de incidencia para avanzar hacia el acceso equitativo, sostenible y universal al agua y saneamiento.

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